La
provincia de Teruel protesta por quedarse sin habitantes. Hoy alrededor de
40.000 turolenses de toda la provincia han hecho una gran manifestación en
Zaragoza al grito de “Salvemos Teruel”
que ha terminado frente a la Delegación del Gobierno. Pasa algo parecido en Zamora
y en otros lugares de Castilla, de Galicia y de Cáceres. Crear infraestructuras
donde no existe población parece labor difícil de asumir. Lo que ya no
comprendo es cómo los ciudadanos del Bajo Aragón siguen votando a partidos
conservadores (PP y PAR) una vez conocido lo que dan de sí y a los que sólo les
interesa Teruel cada cuatro años, a la hora de los comicios. Los políticos son
conocedores de que la Ley D’Hondt les
beneficia. Es, entonces, cuando los políticos lanzan en sus mítines un montón
de promesas a sabiendas de que no van a cumplirlas. ¿Cabe más cinismo? Pero los turolenses, por
razones que desconozco, siguen esperando el deseado “maná” prometido que nunca
llega. Teruel, a mi entender, debería promocionar el turismo de interior dado
que tiene parajes preciosos, un arte mudéjar sorprendente y una gastronomía
contundente. Pero para ello será necesario que haya promotores que se impliquen
e impulsen esos tesoros ocultos. También sería necesario, a mi entender, contar
con carreteras modernas y un ferrocarril que conecte con Madrid. No puede ni
debe ser que en el siglo XXI todavía no exista una línea férrea que conecte
Teruel con la Capital de España. El turolense tiene el alma compartida. Por un
lado se siente aragonés; por el otro se sabe más próximo a la Comunidad Valenciana.
Y el problema es que Teruel depende del Gobierno de Aragón, que se encuentra a
casi 180 kilómetros de distancia, y que cuenta con núcleos de población
dispersos donde con dificultad pueden ser atendidos problemas básicos
sanitarios, educativos y de índole social en lugares donde hasta el pan se
recibe por furgonetas de reparto. Así las cosas, creo acertadas las protestas
de los turolenses. Sus voces deben ser escuchadas por Javier Lambán y por Mariano
Rajoy. Pagando idénticos impuestos se deben recibir las mismas
contrapartidas en un Estado de derecho, o sea, lo que en justicia les
corresponde.
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