Me sorprende -y así lo leo hoy en Vozpópuli- que Urdangarín siga teniendo escolta policial a cargo del Estado tras
su ruptura con Cristina de Borbón. ¿Qué puede temer alguien que, pese a estar
en libertad, continúa cumpliendo condena? Los españoles en general, al estar
acribillados a impuestos, tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero
público. Y no parece de recibo conocer que ese exmiembro de la Casa Real cuesta
al Erario Público una cantidad cercana a los 8.000 euros mensuales entre
sueldo, dietas y mantenimiento de coche de los dos escoltas y de sus relevos.
Otra cosa que muchos nos preguntamos es cómo, a pesar de esa vigilancia
constante por parte de los miembros de la Policía Nacional, alguien pudo tomar
unas fotos comprometidas de Urdangarín cogido de la mano de Ainhoa Armentia (compañera del bufete
de abogados en Vitoria) en la playa francesa de Bidart y publicadas por la
revista Lecturas. Jesús Ortega comenta en su artículo
aparecido en Vozpópuli, que “según
fuentes consultadas, en absoluto son unas fotografías casuales. Alguien quería que salieran… y
nadie impidió que se hicieran”. Eso, de ser verdad, añade más
misterio al asunto. No es mi estilo entrar en el desenvolvimiento de la vida de
las personas. Uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida privada. Pero lo
que me encoleriza es que alguien que está en libertad vigilada en casa de su
madre (tras haberle sido colocada una pulsera, haber completado un programa de
reinserción y conseguido trabajo como consultor en Imaz&Asociados) pueda disfrutar de escolta a cargo del Estado. Esto es el mundo al revés. Es a la gente de bien a la que un Estado de derecho debe proteger de los delincuentes. Me consta que hay, por poner sólo un ejemplo, muchas mujeres amenazadas de muerte por sus parejas
o exparejas que no gozan de protección alguna. Como muestra, en el año recién
terminado (2021) la cifra de muertes por violencia machista se elevó a 43
mujeres, a los que hay que sumar el asesinato de seis niños. Me indigna, me
avergüenza y me horroriza.
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