Fernando Andréu Merelles, que
sustituyó a Carlos Dívar como juez de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional,
que lleva casos tan significativos como el de la “mafia china” o el “caso Bankia”,
ha zanjado el asunto sobre el desgraciado incendio del Hotel Corona de Aragón
el 12 de julio de 1979 donde oficialmente murieron 79 personas, señalando que
no se trató de un acto terrorista. Lo que no se entiende, entonces, es cómo en
el BOE del martes, 22 de febrero de 2011 (núm.45, secc.III, p.20601) aparece el
Real Decreto 251/2011, de 18 de febrero, por el que se concede a título póstumo
la Gran Cruz
de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Vicente Rubert Cherma,
María Fernanda Rubert Gimeno, Juan Ramón Albanell Cristóbal, Santos Ainsa
Cristóbal, Joaquín Antonlí Berenguer, Joaquín Danzberger Ammermann, Leocadio de
Olavaria García-Rivero, Inmaculada Fernández Caballero y Wallace Kent Foster,
todos ellos fallecidos en el incendio. Se trata de la disposición 3534 del
Ministerio de la
Presidencia, firmada por Ramón Jáuregui Atondo y por Juan
Carlos R. Algunos familiares reclamaron por la vía civil y un juez dictaminó en
1985 que en el incendio hubo “un
elemento extraño o exógeno que bien pudo ser un pirogel de fácil composición,
cómodo y disimulado transporte, rápida y discreta colocación por expertos y de
accionado controlado, capaz de provocar altas temperaturas, entre los 1.000 y
1.200 grados”. Pero finalmente sería desestimada la demanda de los
familiares. En 1989, el Tribunal Supremo entendió que hubo intencionalidad en
el incendio; y un posterior dictamen del Consejo de Estado (marzo de 2000)
encargado por el Ministerio de Interior concluyó que las víctimas de ese
incendio debían recibir las ayudas previstas en la Ley 32/1999 de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo. Finalmente, el 10 de febrero de 2009, el Tribunal
Supremo asumió que el incendio del Hotel fue intencionado y concedió una ayuda
reservada a las víctimas del terrorismo a una de las víctimas. ¿Raro, no? Y
ahora, 34 años más tarde, el juez Fernando Andréu señala que el caso de Hotel
Corona de Aragón no fue un acto terrorista. Pues nada, será verdad que todo
empezó, como algunos comentaron en su día, en la churrería del bar “Formigal”, hoy desaparecido, que estaba
situado en los bajos del edificio. Ya no sé qué pensar.
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