El microbio o las toxinas

Ramón Pérez-Maura, en ABC, escribe su “Nueva carta a una Infanta de España” donde comienza diciendo que “Cuando un juez necesita 227 folios para explicar una imputación, algo va mal”. Lo que no dice es para quién. Ramón Pérez-Maura se dirige a la ciudadana Borbón con un lacayismo vergonzoso. Y sigue escribiendo que “Hay algo que desde el punto de vista procesal no es fácil de probar. Pero este juez que con maquiavélica cadencia ha presentado este nuevo intento de imputación sí va a desencadenar una nueva reacción de censura a la institución de la que Vuestra Alteza forma parte”. Menos mal que el juez Castro no es Maurice Ravel, el autor de “Pavana para una infanta difunta”. Pérez-Maura entiende -y así lo señala un poco más adelante- que “A estas alturas parece evidente que la principal amenaza para la Corona hoy es el daño que puede generar la actuación del hombre al que libremente escogió la Señora como su marido”. Eso es como decir, si se me permite, que el causante de la infección no es el microbio sino sus toxinas. Verá, señor Pérez-Maura: a veces una chispa lleva a un incendio. ¡Que le voy yo a hablar de hogueras a alguien como él, que es de Santander! Pues bien, intento decirle que en la Monarquía se ha producido una auténtica fogatas y el humo no deja ver el paisaje. Urdangarín, a mi entender, es sólo parte del problema. Y algunos incautos entienden que cargando todas las culpas sobre uno de los autores de la fogata se zanja el espinoso asunto y se pone a salvo la confianza de los españoles en la Corona. Pero los españoles, que no entienden mucho de proboscidios ni de falsas princesas ni de finanzas, porque ni van mucho al circo ni leen cuentos de hadas ni pueden llegar a fin de mes con los ridículos salarios, sí saben lo que les conviene; aunque, todo sea dicho, a veces voten a un partido político que más tarde incumple todas sus promesas. El último abucheo ha sido a la Reina a las puertas del Cine Callao. Es el tercero o cuarto día que escribo sobre la imputación de la infanta y la cosa empieza a resultar cansina. Aquí todo el mundo dice respetar las decisiones de la Justicia, pero la realidad es muy distinta. Los hechos, antes y ahora,  demuestran que los “hombres de bien”, esos que se la cogen con papel de fumar, sólo respetan a la Justicia cuando las decisiones judiciales les son favorables. La tralla de arreo lanzada con saña sobre el lomo de Garzón, más tarde sobre el espinazo de  Elpidio José Silva, y ahora sobre las posaderas de Castro, así lo demuestran. Como escribía ayer González Urbaneja, “el heroico juez que resiste las presiones va a culminar la instrucción más famosa del año que tiene muchas posibilidades de quedar luego en muy poco. Un costoso viaje de mucho ruido y pocas nueces”. El respeto, señor Pérez-Maura, no se da por nacimiento como un regalo, sino que cada individuo, del Rey abajo, deben ganárselo a pulso a lo largo de su vida. Ya lo dice el Evangelio: por sus obras los conoceréis (Mt. 7, 15-20). Pues bien, la codicia -dice Pérez-Maura- “hasta donde me alcanza, sólo es un pecado a los ojos de la Santa Madre Iglesia”. Puede que así sea. Pero,  al margen de que tal pecado esté tipificado a los ojos de la Iglesia, asunto en el que no entro, la codicia  es un afán excesivo de poseer riquezas. Y en el caso que nos ocupa, la ciudadana Borbón, (o la Señora, como la llama Pérez-Maura) está imputada y debe declarar, al existir presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionados con el Instituto Nóos. El juez Castro, encargado del caso, no parece que tenga “afán de lucirse y convertirse en estrella”, como señalaba Anson días pasados, sino sólo coadyuvar a que triunfe el imperio de la Ley y el Estado de Derecho. El juez Castro ha necesitado 227 folios para explicar esa imputación, como podrían haber sido 59  ó 415. No va bien o mal una imputación en función del número de folios utilizados en la confección del auto. La ciudadana Borbón era copropietaria de la empresa Aizoon, la sociedad de la que el ciudadano Urdangarín se habría servido presuntamente para defraudar a Hacienda y desviar parte de los 6 millones de euros de dinero público de los que presuntamente se apropió. Además, Castro considera falsas una serie de facturas y no comparte a priori el criterio de la Agencia Tributaria de calificar como deducibles gastos amparados por documentos en los que concurren graves irregularidades, indiciarias de delito. Y por si todo ello fuera poco, Castro atribuye a la ciudadana Borbón la “contratación en negro” de su servicio doméstico y el hecho de que ella misma participara en la selección de personal. Puede que algo vaya mal para algunos, señor Pérez-Maura, de eso estoy seguro.