Cuelgamuros no se rinde

Santiago Cantera, prior benedictino del Valle de los Caídos, impasible el ademán, me recuerda de alguna manera a Gabriel de Araceli, aquel personaje de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós; y, también, me trae a la memoria aquellos billetes de 1000 pesetas, donde ponía:  “La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.”  Gabriel de Araceli estuvo presente en la batalla de Trafalgar como grumete y fue narrando en primera persona la historia española, entre 1805 y 1812, hasta la derrota de los ejércitos franceses en la batalla de Arapiles. Pues bien, Santiago Cantera, como digo, debe de tener forro de los cataplines apergaminado, como el de los caimanes. Si no, no se explica su intransigencia. Ignoro si su acalorado empecinamiento de mantenerse en sus trece será debido a la toma en desayuno, comida y cena de bromuro de potasio. A propósito de la exhumación de Franco ha señalado al diario La Razón que “no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa en su espacio que es inviolable”.  Y hace tales declaraciones ese prior justo cuando el Gobierno que preside Pedro Sánchez anuncia comicios para el próximo 28 de abril, cuando se concluye un largo procedimiento administrativo, y después de haber dado 15 días a los nietos del sátrapa para que decidan dónde quieren que sea trasladada la momia de su abuelo, con la única excepción de la catedral de la Almudena y siempre que el Tribunal Supremo no ponga palos en la noria. Santiago Cantera, licenciado en Historia Medieval, fue profesor de San Pablo-CEU y candidato por Falange Española a las elecciones de 1993 y 1994. Es prior de la basílica desde 2014, cuando sustituyo por enfermedad al abad Anselmo Álvarez Navarrete, de acendrado espíritu franquista. Pero la pregunta que hoy habría que hacerse es ¿quién manda en el Valle de los Caídos?  Esa es la pregunta que se hacía Íñigo Domínguez (El País, 19/3/18) y que nos hacemos los ciudadanos, que corremos con los gastos. Según Patrimonio Nacional es del Estado, pero sólo lo administra “provisionalmente” por un limbo legal, sin autoridad sobre el abad, o sobre el prior, según el caso. El lugar se creó con un convenio en 1958 entre una entidad creada al efecto, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la abadía de Silos, que envió 20 monjes al nuevo monasterio. Pero los datos de que dispongo, referidos a 2016, señalan que la abadía recibió 340.000 euros al año de los PGE. Mantener el mamotreto franquista del Guadarrama le costó a Patrimonio Nacional (según datos oficiales) dos millones de euros en 2014 por sus 30 empleados; en 2015, 2,5 millones; 1,8 millones en 2016. Los ingresos de venta de entradas rondaron los 1,3 millones al año y recibió 262.860 visitantes.