Me parece sensato que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
haya considerado que quemar una foto del jefe del Estado forma parte de la
libertad de expresión y no puede tipificarse como injurias a la Corona. El jefe
del Estado es un servidor público y, como tal, está sujeto al devenir de la
historia y a los gajes que conlleva el oficio. Todo ello entra en su sueldo. Viene a cuento con la multa impuesta a los ciudadanos Enric Stern y a Jaume Roura
por haber quemado en Gerona, en 2007, una foto del rey y de su consorte. En
España no hay que ser un lince para conocer que se están recortando libertades
ciudadanas. Basta con ir a una manifestación y que un agente te tome nota del
documento de identidad para que al poco tiempo te llegue una multa de la
Delegación del Gobierno. El hecho de cambiar determinadas decisiones (que
corresponden a los Tribunales que administran Justicia, en el caso de supuestos
desmanes) por “faltas administrativas” que se saldan con abultadas multas (que hay que abonar en su integridad antes de
poder recurrirlas) me retrotrae a los oscuros tiempos del Directorio de Primo de Rivera. Es lo que se ha dado
en llamar “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo),
donde se “amordazan” asuntos relacionados con la expresión, la información y la
manifestación, pasándose por el forro el artículo 20 de la Constitución
Española. La “ley mordaza” ya fue denunciada en su día en The New York Times y en The
Guardian, entre otros prestigiosos medios. Por otro lado, si alguien duda
de que en España existe un raro tufillo comparable al de tiempos pasados, que
me lo diga a la cara. Así podré lanzarle a la cabeza la “Crónica de la Dictadura de Primo de Rivera” (Manuel Rubio Cabeza, Sarpe,
1986) por cretino. Porque hay que leer
despacio y con atención para saber qué sucedía entonces. A comienzos de 1924,
por ejemplo, en las cárceles no cabía un preso más. Por disposición de aquel Directorio militar que
contó con las bendiciones de Alfonso
XIII, se estableció hasta la censura
telefónica y telegráfica para España y el extranjero. Menos mal que en los
tiempos actuales, ni Stern ni Roura sufrieron penas de destierro a la isla de
Fuerteventura como aconteció con Miguel
de Unamuno, quedando vacante su
cátedra, o con José Gómez Acebo, marqués
de Cortina, director de la Actualidad
Financiera, también desterrado por haber publicado un artículo comentando
el Decreto de derramas en la marina mercante, pese a haber sido ministro de
Hacienda (1918), de Fomento (con Romanones)
y de Marina (con Maura) en 1921. Lo
dije el otro día y lo repito hoy: hay que tener mucho cuidado con determinados “patriotas”
que dicen darlo todo por España. Porque dar, lo que se dice dar, no dan ni un
celemín. Digo más, si pueden, te dejan a culo pajarero. Claro, los tiempos
cambian. Durante el Directorio, entre los vecinos de Guadix circulaban rumores
de que por aquellos alrededores merodeaban varios individuos dedicados a
secuestrar niños a los que mataban para sacarles las mantecas, para
posteriormente vender los untos en un desesperado intento de poder sanar a
tuberculosos; en Barbastro asesinaban a un cura con una aguja alpargatera, y el
rey no dejaba en paz su escopeta. Ahora, en cambio, morimos en la folla, o sea,
ancianos, en soledad, envueltos en cartas de la ministra Báñez (donde se nos informa de que nos sube un 0’25% mensual dada la coyuntura económica favorable), sin
recursos para poder subsistir con dignidad y comidos por la piojera.
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