De los delitos y de las penas

Le tomo el título al ensayo jurídico escrito por el italiano Cesare Beccaria en 1764, donde su autor se propuso revelar las carencias judiciales de su tiempo. Señala hoy en el diario ABC Bieito Rubido en su artículo “Delito, delincuente y pena” que “en la España de hoy estamos más preocupados por los delitos monetarios que por los de sangre. Una infracción fiscal merece más años de prisión que un asesinato. Este es el país en el que se perdona más fácilmente a un terrorista criminal que a un ciudadano que no haya pagado sus impuestos. Si esto es así, y lo es, tenemos una enfermedad social grave”. No estoy de acuerdo con Rubido. Los asesinos en España van a prisión por el tiempo que marca en Código Penal. Sin embargo, muchos de los delincuentes que aparecen en la lista de Bárcenas y en el caso Gürtel, con todas sus ramificaciones y piezas separadas, continúan campando por sus respetos. Algo parecido sucede con los casos ERE en Andalucía, las tarjetas black, la visita papal a Valencia, la trama Púnica, etcétera, etcétera. El caso del “3 por cent”, el caso Adif, el caso ACM, el caso Acuamed, el caso Abogados (en Melilla), el caso Adigsa, el caso Eexpa, el caso Ahora Madrid, el caso Asesores, el caso Arena, el caso Arona, el caso Arcos, el caso Asesorías, el caso Estapa, el caso Atarfe, el caso Ático Estepona, el caso Atlante, el caso Atlético, el caso Auditori Paterna, el caso Auditorio, el caso Nóos, el caso AVE, el caso Avión Privado, el caso Ayuntamiento San Fernando, el caso Bahía Competitiva, el caso Baltar, el caso Banca Catalana, el caso Banesto, el caso Bankia (salida a Bolsa), el caso Bárcenas, el caso Barraca, el caso Gea Condar, el caso Benagéber, el caso Beniferri, el caso Berzosa, el caso Biblioteca, el caso Bitel, el caso Blasco, el caso Bolsos, el caso Bonsai…, no sigo, me canso. Muchas otras causas pendientes, por desgracia, han quedado prescritas. Dígame, Rubido, ¿cuántos responsables de esos casos permanecen en la prisión? Aquí es una enfermedad democrática grave que un partido, el Partido Popular, que sustenta al Gobierno, cuente en su haber con más de 900 imputados y que apenas está iniciando su andadura en los tribunales. La misteriosa lista de la caja B de Bárcenas y la destrucción de los discos duros de los ordenadores son datos a tener en cuenta en las próximas decisiones judiciales donde, por parte de testigos e imputados, existe una gran amnesia colectiva.  Termina señalando Rubido: “Tenían razón aquellos que nos advirtieron en el pasado: vendrán nuevos tiempos y serán peores”. Sí, sobre todo cuando el Gobierno aplica indultos inmerecidos.  Recuerdo cuando el Tribunal Constitucional declaró “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de Montoro,  aprobada por el Gobierno  con aquel Real Decreto-ley 12/2012,  de 30 de marzo. Aquella declaración del T.C no tuvo efecto sobre los contribuyentes que ya habían regularizado su situación con Hacienda y que, prácticamente, se fueron de rositas. Como afirmó el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya: “la sentencia del Constitucional cuestiona el instrumento normativo pero avala la regularización, por lo que no tiene ningún tipo de consecuencia”. Y se quedó tan ancho.