En marzo de
2019, hace ahora casi un año, se aprobaron las Directrices Generales de la
Estrategia Nacional Frente al Reto
Demográfico. Dos años antes, en 2017, se había creado un Comisionado regulando
su funcionamiento mediante un Real Decreto de 27 de enero. Diez días antes se
había celebrado en Madrid la Conferencia de Presidentes. En el apartado f de aquellos acuerdos se entendía que
era necesario para alcanzar ese fin “canalizar
y coordinar iniciativas propuestas por las Administraciones Públicas, así como
por las organizaciones sectoriales y cualesquiera otras personas o entidades
públicas o privadas”. Lo cierto es que a día de hoy todo ha quedado en un limbo
y en un rosario de buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones para
pueblos, aldeas y pedanías mal comunicados por carretera o ferrocarril y con
una población muy envejecida están condenadas a aparecer sólo en unos
documentos que más tarde se archivan. También, recuerde el lector, las buenas
intenciones con la Ley de Dependencia auspiciada en tiempos de Rodríguez
Zapatero. Lo malo llegó cuando resultó que tales medidas sociales carecían de
dotación presupuestaria. Mi gozo en un pozo. No se puede poner un hospital para que dé servicio a
un centenar de ciudadanos achacosos, o una escuela pública para dos niños. En
tiempos pasados hubo en Aragón alcaldes que cometieron muchas insensateces que
atentaban contra la inteligencia. Por ejemplo, levantaron un polideportivo
cerca de otro entre pueblos equidistantes a sólo a 5 kilómetros; o en ciudades
de menos de 20.000 habitantes hicieron campos de golf de 18 hoyos (como sucedió
en Calatayud) sin haber tenido en cuenta la tremenda escasez de agua; o
construyeron una plaza de toros (como sucedió en el caso de Ricla), siendo
alcalde Felipe Batanero (UCD), para una
exigua población de 3.000 habitantes. El caso de La Muela con una alcaldesa del
PAR fue de libro.
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