Escribe Juan Carlos
Monedero en Público: “Somos, como
dice Pérez Royo, el único país que
restaura monarquías. El Rey Juan Carlos
I tuvo que abdicar, pero ni el PSOE ni el PP quisieron que la Jefatura del Estado
pasara por un referéndum. Felipe
VI sigue esperando entrar en escena con algo que le permita justificar en
el siglo XXI ser rey sólo porque pertenece a la familia de los Borbones. Si su padre lo obtuvo con la
farsa del 23-F, el hijo lo va a intentar haciendo un tinglado de la nueva farsa
en Cataluña”. (…) “Al final, lo que tenemos es una nueva restauración
borbónica, después de la de 1876 y la de 1978 (posibilitada por Franco al nombrar en 1969 a Juan Carlos de Borbón
su sucesor a título de Rey siguiendo las leyes franquistas), que acalla el
movimiento popular que nace del 15-M y que sigue exigiendo una España que deje
de ser posfranquista. Una España más joven, urbana, formada, feminista, que se
mueve con soltura en internet, que no ve lo de fuera ni con miedo ni con devoción,
y que ve a la España
de Rajoy, Rita Barberá, Granados y
los reyes de refilón en el salón comedor a través de un televisor en blanco y
negro con el sonido distorsionado”. Juan Carlos Monedero escribe lo que siente,
y yo lo respeto. Las opiniones no delinquen. A fin de cuentas, lo que debería
entender el ciudadano es algo muy sencillo, que no lo digo yo sino Fernando Savater: “Tener un gobierno no
es un fin, sino una herramienta”. Algo parecido sucede en el Congreso de los
Diputados y en el Senado: lo de menos es quiénes lo componen, sino qué leyes son
capaces de sacar adelante. Hoy, a propósito de la pasada entrevista en Madrid
entre Oriol Junqueras y Soraya Sáenz de Santamaría, señala Bieito Rubido en las páginas de ABC: “Ya sabemos que las opiniones no
delinquen, pero también que la libertad de opinión no valida lo expresado.
Pretender que el punto de vista de uno tenga que ser aceptado por el conjunto
de la sociedad demuestra no haber entendido nada acerca de la libertad de
pensamiento ni de la responsabilidad de actuación en una democracia”. A mi
entender, la libertad de opinión valida lo expresado para aquel que la ejerce,
que no es poco. La responsabilidad de actuación en una democracia incluye que
los políticos (y aquí incluyo a ministros y
al presidente del Gobierno) deberían saber dimitir de sus cargos cuando
se equivocan; cuando (si es que es así) sabiendo que se equivocan no
rectifican; cuando no cumplen sus promesas con los ciudadanos que les votaron;
cuando (si es que es así) meten mano en ese dinero público que, como dijo una
ministra “no es de nadie”; cuando (si es que es así) reciben
“guindaleras” que nunca declaran; cuando (si es que es así) utilizan el BOE en su propio beneficio; o, lo que es
peor, cuando (si es que es así) entienden como cosa “normal” arruinar a toda la
ciudadanía a costa del Estado.
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