Lo de ayer en la catedral de la Almudena no fue un funeral de
Estado ni estuvo presidido por Felipe VI.
Fue un acto promovido por la Conferencia Episcopal y presidido por Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
El rey, su consorte y sus dos hijas (todos
de luto riguroso) fueron meros asistentes al acto religioso. Se ha criticado mucho
en la prensa conservadora las ausencias de Sánchez
y de Iglesias. A mi entender, la
Constitución Española, en su artículo 16.3, establece el principio de la
aconfesionalidad del Estado. En consecuencia, la asistencia o no a cualquier
acto religioso pertenece a la discreción del ciudadano. Lo que procedería, a mi criterio, serían dos
cosas: la primera, modificar la Constitución; y, la segunda, terminar con los
acuerdos con la Santa Sede de 1979. Ningún gobierno se ha “atrevido” a hacerlo
hasta el momento. La Iglesia Católica debería pagar impuestos como lo hace todo
ciudadano y no debería gozar de privilegio alguno ante el Fisco. Pedro
Sánchez se excusó por su viaje a Lisboa.
Iglesias prefirió asistir a un mitin en el País Vasco. Pero el Gobierno sí
estuvo presente en el acto, con la representación de Carmen
Calvo. Lo que no hay derecho es a los insultos, como gritar “Gobierno asesino” y “¿dónde están los
muertos?”, por unos energúmenos “adiestrados” desde la
ultraderecha con el único fin de desgastar al Gobierno legítimo. Hicieron bien
tanto el presidente Sánchez como el vicepresidente Iglesias en no asistir a ese
funeral. Nadie asiste a un acto, sea civil o religioso, para que le vilipendien.
Los muertos de la pandemia -que se
entere ese vocerío de impresentables- están enterrados con respeto. Como debe ser.
Los que no sabemos dónde están son los ciudadanos que todavía permanecen en
cunetas y en barrancos, y que la rancia derechona, que orina agua bendita, no
quiere que se les localice y se les dé un entierro decoroso. Y en lo que a
ello respecta, la Conferencia Episcopal siempre mantuvo un vergonzoso silencio.
¡Ya vale, hombre, ya vale!
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