Los experimentos, con gaseosa

 

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, a mi entender, es persona con autoridad bastante para dar su opinión. Y aquellos que poseemos una menor cualificación académica, o casi nula, intentamos tomar nota de lo que ese experto traslada a sus lectores en sus sesudas intervenciones, algunas de ellas plasmadas en   artículos de prensa. Así, hoy, en el periódico digital Eldiario.es, Pérez Royo no se corta un pelo en su trabajo “¿Se incorpora el Rey a la operación de acoso y derribo al Gobierno? Pérez Royo comienza aclarando algo que muchos ciudadanos ya intuíamos: “La operación de acoso y derribo al Gobierno presidido por Pedro Sánchez empezó desde el momento en que fue aprobada la moción de censura que lo llevó a la Moncloa. Desde ese instante el PP lo calificó de Gobierno "ilegítimo", como recuerda con frecuencia en sus crónicas Enric Juliana. El Gobierno, para las derechas españolas, nació con un vicio de origen y ese vicio contraído en el bautismo se ha visto confirmado y engrandecido con la incorporación de Unidas Podemos al Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019”. Pero no está en mi interés repetir lo que Pérez Royo traslada al lector. Cualquiera puede ser conocedor de su contenido con sólo buscarlo en la pantalla del ordenador. Pero las derechas, con una audacia propia de parvulario fueron más lejos e intentaron durante la investidura de Sánchez un ‘tamayazo’ parecido al de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que no cuajó. Después, para que la fiesta no decayese, se intentó hacer responsable al Gobierno de todas las muertes derivadas de la Covid-19 y no sé si también de la muerte de Manolete. Y ahora llega el siguiente cuadro de este interminable sainete: la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Dice Pérez Royo: “La llamada del Rey al presidente ‘en funciones’ del Consejo General del Poder Judicial para expresar, subrepticiamente, su disconformidad con la decisión del Gobierno de que no presidiera el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona no puede ser entendida más que como una operación de acoso al Gobierno. Es un acto manifiestamente anticonstitucional, en el que el rey Felipe VI contraviene la definición de la monarquía como ‘parlamentaria’ en el artículo 1.3 de la Constitución, que, no por casualidad, viene detrás del 1.2, en el que se formula el principio de ‘legitimidad democrática’: ‘La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado’. Al ser la monarquía una magistratura hereditaria, no puede tener legitimación democrática y, en consecuencia, el Rey no puede ser portador de un ‘poder’ del Estado. Si el presidente del Gobierno ha decidido, por la razón que haya estimado oportuna, que el Rey no debe estar en el acto de entrega de despachos a los jueces en Barcelona, el Rey tiene que limitarse a no estar, sin poder añadir ni un solo matiz a la decisión presidencial”. El corolario de esta bufonada es que el jefe del Estado debería procurarse mejores asesores personales por el bien de esa magistratura vitalicia heredada de Franco. Como dijo D’Ors a un camarero que le echó por encima parte del contenido de una botella de champán: “Los experimentos con gaseosa, joven”.