Triste espectáculo

 

Se me antoja triste convertir una discapacidad en una manera útil de poder ganarse la vida. Eso acontecía en los circos y en las barracas de feria, con personas con acondroplasia (enanismo), gigantismo por un mal funcionamiento de la glándula hipófisis, con la mujer barbuda o con el hombre-elefante (síndrome de Proteus). Hubo una mujer, Wilgefortis (en España conocida como santa Librada) que no quiso casarse por haber hecho votos de castidad. Su padre la obligó a casarse  y ésta se volvió anoréxica y  le comenzó a brotar barba y pelos por todo el cuerpo por un desequilibrio hormonal, según una leyenda hagiográfica plasmada en el “Leccionario Catedralicio Seguntino”, escrito por Bernardo de Agén, más conocido como “Breviario de D. Rodrigo”, un adalid monje en la conquista de Sigüenza y el primer obispo de su diócesis. Murió batallando contra los moros en  el llamado Vado de las Estacas de Huertahernando (Guadalajara) en 1152; y su cuerpo reposa en el trascoro de esa catedral. Respecto a Wilgefortis, se cuenta que su padre (rey de Portugal) al negarse ella a contraer matrimonio  con  el rey moro de Sicilia, la hizo crucificar en Castelo Branco. Pero todavía algunos estudiosos creen que se trata de una leyenda para explicar el “Volto Santo de Lucca”, una famosa escultura italiana de Cristo crucificado y con una larga túnica que los devotos medievales pensaban que era un vestido de mujer. Pero volvamos al principio. Comenzaba mi escrito señalando que una discapacidad física nunca debería ser motivo para ganarse la vida a costa de la risa de los que pagan una entrada por ver ese triste espectáculo. Estos días Teruel celebra las Fiestas del Ángel con un extenso programa de actos. Entre ellos, el pasado martes, día 2, en la plaza de toros estaba programado el espectáculo “Popeye y los enanitos marineros”, de la empresa Patycar Eventos SL. Por lo que se desprende, la actual alcaldesa, Emma Buj Sánchez, no estaba al corriente de que la Fundación Franz Weber  presentó en junio pasado una solicitud al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo que se prohibiese ese tipo de actos discriminatorios  por chocar de frente con la dignidad de las personas. Y Ángel Gabilondo, consciente de ello, remitió una “recomendación” a la DGA para que se cumpliese la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pidiendo que se denegase la autorización de tal acto festivalero. Javier Silvestre, en un artículo publicado en Diario de Teruel, al referirse a este asunto, se pregunta: “¿quién decide qué es humillante y qué no?  Según ese plumilla,  “los toreros que trabajan en 'Popeye y los enanitos marineros'  lo hacen libremente. Pues verá usted, esa desvergüenza, señor Silvestre, la corrigen las leyes. Según la compañía de espectáculos taurinos, “se ha pasado de tener 60 actuaciones al año en España a tener solo la de Teruel este 2024. Es decir, que aquellos que legislan para protegerlos les acaban impidiendo ganarse la vida como ellos consideren oportuno”. ¿Acaso pueden ganársela de otro modo? La Fundación Franz Weber recordó al Defensor del Pueblo que “a esos espectáculos suelen asistir niños, que reciben un contexto de mofa sobre ciudadanos con diversidad funcional, considerando después aceptable la vejación o insulto de las mismas personas, además de trivializar el sufrimiento de los animales empleados en la plaza”. Ahora vendrá alguien diciendo que la Fundación está en contra de las cruentas corridas de toros. Y si lo estuviese, ¿qué pasa? La alcaldesa de Teruel debería ser conocedora de que el Reino de España aprobó en 2023 el veto de los espectáculos denigrantes para las personas con discapacidad. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que preside Pablo  Bustinduy ya ha presentado la correspondiente denuncia a ese Ayuntamiento y ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias contra el consistorio turolense debido a que ese acto lúdico supone una infracción de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y ha solicitado al Gobierno aragonés que abra un expediente sancionador. Es el segundo año que el Ayuntamiento de Teruel infringe la Ley aragonesa 5/2019, y en concreto su artículo 85. Pero de un Gobierno aragonés formado por la coalición de PP y VOX puede esperarse cualquier cosa. Ya nada me sorprende, ni las charlotadas en política.