En un informe, la OCDE recomienda al gobierno
de España pagar el subsidio de paro sólo
a los que busquen empleo y alaba la restricción en el acceso a las becas
universitarias. Veamos, el paro no es un subsidio sino un derecho de los trabajadores
que han cotizado para recibirlo cuando son despedidos de la empresa donde prestaron
sus servicios. Eso por un lado. Por otro, la restricción en el acceso a las
becas sólo es hacer leña del árbol caído. Muchos estudiantes no hubiesen podido
licenciarse o graduarse de no haber sido por esas ayudas del Estado. Por si
ello fuera poco, flexibilizar los salarios y vincularlos a las condiciones
económicas de cada momento, como así sugiere la OCDE, equivale a que los empresarios jueguen con
ventaja, como lo han hecho siempre. Los responsables de la OCDE tenían las cartas
marcadas, o sea, sabían que las perspectivas de una recuperación inmediata
eran muy
remotas, que
el paro iba a seguir creciendo de forma exponencial hasta sobrepasar los 6
millones de trabajadores y que el Gobierno iba a ser incapaz de cumplir los
objetivos de déficit, como así está sucediendo. En tiempos de bonanza económica a
ningún empresario, sobre todo de la pyme, se le ocurrió pagar salarios por
encima de los convenios provinciales establecidos entre Patronal y sindicatos.
Si acaso, se entregaba algún “sobre” con cuentagotas a aquellos pocos
“estómagos agradecidos” que el mal empresario estimaba oportuno desde criterios
claramente subjetivos, al supuesto
estilo de Arturo Fernández, con lo que se creaba un “pésimo ambiente” laboral
entre aquellos que no lo recibían, es decir, la mayoría. El empresario hacía
bueno el dicho divide y vencerás. Tampoco hacía inversiones dentro de la
empresa. Era “más práctico” guardar el dinero en el talego. Ya el pasado
noviembre, sólo ocho días después de que el PP ganara las elecciones generales,
hubo una reunión en La Moncloa
entre Rajoy y el secretario genera de la OCDE, Ángel Gurría, donde éste exponía al
presidente del Gobierno todo un inventario de medidas que debían ser tomadas en
cuenta: subir más el IVA, abaratar el despido, reformar las pensiones para bajar las
prestaciones, suprimir la jubilación parcial, acabar con las deducciones en el
IRPF por las aportaciones a planes de pensiones, suprimir con carácter
retroactivo algunas deducciones por vivienda, endurecer las condiciones para
cobrar el desempleo y revisar las prestaciones de viudedad. Y el pusilánime Rajoy
entró al trapo de esa Organización, aplicando las “sugerencias” de Gurría e
incumpliendo vergonzosamente todas sus promesas electorales.
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