Mañana jueves termina el segundo ultimátum de Rajoy a Puigdemont. Pero no pasa nada. Ahora resulta que el presidente del
Gobierno le da otra semana de prórroga a condición de que el presidente de
Cataluña “vuelva a la legalidad” y convoque
elecciones. ¿Alguien entiende algo? Juan
Carlos Bermejo, en Vozpópuli,
hace referencia a la tesis de García
Trevijano: “Rajoy todo lo fía a la aplicación del Artículo 155, que es una
tomadura de pelo, porque lo único que permite es ordenar a Puigdemont que acabe
con la sedición. La política defensiva de cualquier Estado de derecho no está
encomendada al código penal, puesto que la jurisdicción penal no tiene la
fuerza, los conocimientos, ni la determinación de acabar con un problema tan
grave como la sedición, la rebelión e incluso la traición. Por eso en todos los
Estados de derecho existen medidas excepcionales para ello, y en el caso de
España es el Artículo 116 de la
Constitución en su apartado cuatro: el estado de sitio, que
no dura mucho tiempo pero que permite que la jurisdicción militar procese a los
traidores y se restituya de inmediato la normalidad, como exigió el rey Felipe VI a Rajoy, y éste último ha
ignorado la Ley y
el orden constitucional en Cataluña”. (Me viene a la cabeza el pobre Domingo Batet). El Estado de derecho
está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización
política) y el Derecho (como conjunto de
las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En consecuencia, el poder del Estado se
encuentra limitado por el Derecho. Partiendo de esa premisa, entiende Bermejo que “pase lo que pase
es inútil esperar que Rajoy arregle una situación de la que es principal
responsable. Le invade el vértigo ante la posibilidad de acción, no es solo un
inútil, es claramente un impotente político, ha arrastrado por el fango la
dignidad, la Constitución
y la Ley mirando
para otro lado cuando tenía que actuar, algo que en la historia política es
siempre preludio de la destrucción de una nación”. (...) “Rajoy es el responsable
principal del desastre que ha enfrentado para generaciones a las familias y
ciudadanos de Cataluña. Desde 2012, este cobarde patológico ha mirado para otro
lado cuando los sediciosos incumplían sistemáticamente la Constitución y la Ley y tampoco ha movido un
solo dedo ante la implantación obligatoria en la enseñanza pública del
adoctrinamiento sistemático en el odio a España y la más grosera y delirante
falsificación de la historia, algo inimaginable en un Estado soberano”. Ahora
lo que hace falta saber es cómo se arreglará ese desaguisado.
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