Manuel
Vicent, en EL País,
hace referencia a los agujeros negros que todo lo engullen, y lo relaciona con
lo que está aconteciendo en el Gobierno de España. Señala: “Debido a la falta
de impulso político del presidente Rajoy,
el poder ejecutivo, al perder masa y por tanto fuerza de atracción, ha dejado
de ser el centro gravitatorio del sistema y se ha precipitado en el agujero
negro del poder judicial, que frente al desafío del soberanismo catalán ha
tomado las riendas del Estado para evitar su desintegración. Hoy son los jueces
y fiscales los que realmente dirigen la política a través del Código Penal ante
la parálisis del Gobierno, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional
debería instalarse de una vez en La Moncloa”. El Gobierno, pese al tiempo que
lleva de rodaje, tanto con Rajoy como con Aznar,
todavía no ha entendido que el asunto catalán es político y debe resolverse con métodos
políticos, es decir, hablando con los secesionistas, que es como se entiende la
gente. Cuando los asuntos políticos se dejan en manos de jueces y fiscales, y
cuando con su “ley mordaza” imponen
las Delegaciones del Gobierno cuantiosas multas por el simple hecho de asistir
a una manifestación o a un escrache y porque un número de la Policía Nacional ha tomado nota del DNI de un ciudadano, algo
huele a podrido. El artículo 20 de la
Constitución ampara la libertad y libre expresión del ciudadano, pero algunos
políticos conservadores todavía no lo entienden así. De hecho, existen 44
razones para que alguien pueda ser sancionado con multas que van desde los 100
euros hasta los 600.000, siempre que no constituya delito, dentro de la
concepción subjetiva de “muy graves”,
“graves” y “leves”, como sucede con la clasificación de los pecados en la
doctrina cristiana. En ese sentido, sigue escribiendo Vicent: “Pero los jueces
son como los balones de rugby. Nunca sabes a ciencia cierta de qué lado van a
botar. El poder judicial es un oscuro laberinto lleno de sutiles entresijos que
sirven unas veces para escabullirse, pero otras actúa como un inexorable
martillo pilón sin reparar en las consecuencias políticas más allá de la
justicia. Así ha botado el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein en el caso de Puigdemont. La precipitación del Estado
en ese agujero negro solo hará que el poder judicial por propia inercia gane
más masa crítica cada día hasta que finalmente ocupe por entero el vacío que
deje la política. Primero fueron los titiriteros; luego, los raperos; después,
los tuiteros; siguieron los viñetistas de humor ácido; más tarde, los
independentistas catalanes y los republicanos activistas, y al final serán
triturados en el agujero negro los que levanten la voz y no se dobleguen. Y
todo este maldito embrollo por la estúpida galbana del Gobierno de no hacer
política, como es su deber”. El dontancredismo acreditado del presidente del
Gobierno de España fue causa de que el artículo 155 de la Constitución se
aplicase tarde y mal en Cataluña. Supone Rajoy ahora, como ha supuesto a lo
largo de sus mandatos, que las cosas siempre se terminan por arreglar solas.
Puede ser, pero no sucede así cuando la mitad de los dirigentes políticos catalanes
están en presidio o en una obligada diáspora.
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