Los tres pies del gato

En este país todo cristo se siente discriminado: Cataluña por Madrid y Batea por Barcelona. Ahora resulta que el alcalde de Batea, pueblo tarraconense situado en la Franja de Poniente, desea que ese municipio se segregue de Cataluña y pase a formar parte de Aragón. Ya anda explorando su alcalde, Joaquim Paladella, todas las formas posibles. Para mí que saldría perdiendo en el cambio. Joaquim Paladella desea que se amplíen las plazas en una residencia de ancianos, la delimitación de su término municipal y un plan para la tramitación de un parque eólico sobre el que sospecha (cuando todavía no está en embrión) que no revertirán los beneficios en el pueblo que él gobierna. Decía que Batea saldría perdiendo en el cambio de Comunidad por una simple razón: Aragón, junto a Extremadura, Andalucía y Asturias, es una de las Comunidades que más pagan en el Impuesto de Sucesiones y en incremento comunitario sobre el IRPF. Pongo un ejemplo: una herencia de 800.000 euros debe tributar unos 165.000 euros en Andalucía y algo menos en Aragón, mientras que las bonificaciones de Madrid lo reducen a 1.500 euros y a Canarias a casi nada. Por todos es sabido que Cataluña se queja recurrentemente de lo que denomina dumping fiscal de Madrid en lo que respecta a esos dos impuestos. Por tanto, siguiendo los deseos de Joaquim Paladella para Batea, se debería establecer que Carles Puigdemont intentase por todos los medios que Cataluña se integrase de pleno derecho en la Comunidad de Madrid. Más vale unir que separar, aunque tales uniones sean interesadas. Ya saben el dicho: “Por el interés te quiero, Andrés”. Batea ha perdido desde 1900 la mitad de su población, ese pueblo se transformó en un enorme hospital de campaña durante la Batalla del Ebro y la maniobra política de ahora promovida por su alcalde es una forma de que el Govern le preste más atención a ese decadente municipio. Existen precedentes a la inversa. Fue en 1996 cuando ocho municipios oscenses, disconformes con el plan de comarcalización promovido por la Diputación General de Aragón,  pretendieron incorporarse a Cataluña. Se trataba de los municipios de Benabarre, Tolva, Viacamp y Litera,  Puente de Montañana, Arén, Sopeira, Bonansa y Montanuy, todos ellos catalanohablantes, que mostraron su disconformidad con un plan de comarcalización de la Diputación General de Aragón que aglutinaba en una misma comarca, la de La Ribagorza, tanto a los municipios catalanohablantes como los que no lo eran, fijando la capitalidad de comarca en Graus, donde no se habla el catalán. Recordemos que Marcelino Iglesias, natural de Bonansa, estuvo muy interesado en que se tramitase la Ley de Lenguas en Aragón amparándose en el Título Preliminar de la Constitución de 1978, donde se dispone en el apartado 2º del artículo 3 que “las demás lenguas españolas [además del español, lengua oficial del Estado] serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Finalmente, la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón fue aprobada por el Parlamento autonómico el 9 de mayo de 2013, derogando la Ley 10/2009 de uso protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. Pero para terminar de marear a la perdiz, en septiembre de 2015 el Gobierno de Aragón anunció su intención de derogar la ley de 2013 y restablecer la de 2009. La nueva ley del periodo Lambán suprimió el Consejo Superior de Lenguas de Aragón, la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana y la Academia de la Lengua Aragonesa, siendo sustituidos por una única Academia Aragonesa de la Lengua, que había sido descartada anteriormente por Luisa Fernanda Rudi. En esa Academia están comprendidos el Instituto de l’aragonés y el  Institut del catalá d'Aragó, que es una manera, a mi entender, de dar carta de naturaleza al chapurreau (más estadillano que catalán)  y que es lo que en realidad se habla en la Franja. Señala la  composición de la Academia: “15 miembros,  elegidos a partes iguales por el Gobierno de Aragón, las Cortes regionales y la Universidad de Zaragoza. Los referidos institutos contarán con un mínimo de siete miembros surgidos de la propia Academia. Todos los miembros serán vitalicios, ninguno tendrá sueldo aunque si percibirán dietas de desplazamiento y se reunirán, al menos, dos veces al año. La Academia tendrá su sede en Zaragoza”. La cuestión es crear mamandurrias, como siempre. Si son vitalicias, miel sobre hojuelas. Es lo que los políticos denominan como “la bondad de la democracia”, o “la bondat de la democràcia”, como ustedes prefieran. Anda, que no fardará eso de escribir un artículo en el Heraldo y firmarlo como “Fulano de Tal, de la Academia Aragonesa de la Lengua”. ¿Verdad, Fatás?