Veo bien, además de necesario, el proyecto de
Ley de Memoria Democrática auspiciado en
Aragón por PSOE y Chunta Aragonesista. De salir adelante, las expresiones que
ofendan la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil podrían multarse
hasta con 150.000 euros.
Javier Lambán,
presidente de la Diputación General
de Aragón, propone que la
Ley de Memoria Democrática tenga un día
señalado en esa Comunidad: el 3 de marzo, en recuerdo del bombardeo en 1938
sobre Alcañiz y que causó más de 500 muertos. Ayer leía en
El Correo de Andalucía que no se sabe qué hacer con las sepulturas
de
Quipo de Llano, responsable de
más de 14.000 ciudadanos sólo en Sevilla, y de su mujer, ambos enterrados en
la Macarena. El periodista
Daniel Cela recordaba en
Público
hace ya varios meses que “los archivos radiofónicos de
Unión Radio Sevilla -hoy la
Cadena Ser-
conservan algunos discursos del militar poco después del golpe de Estado,
animando a sus tropas a destruir ‘a los rojos’ y, ‘de paso’, a violar a sus
mujeres”. Decía Quipo: “Se les perseguirán como a fieras, hasta hacerlos
desaparecer a todos. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado
a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también
a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y
anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son
hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y
pataleen”. Sobran comentarios. Para vergüenza de todos, durante muchos años
procesionó por las calles de Sevilla una imagen de la
Macarena
llevando a la cintura el fajín de ese general golpista. Dejó de utilizarse en
2011, no por razones obvias sino debido al mal estado de esa prenda. La
exhumación de esos restos depende de la
Hermandad de la Macarena, titular de la basílica y del
Obispado de Sevilla, al tratarse de un
templo católico. “Con la iglesia hemos topado, Sancho”
(“Don Quijote de la
Mancha”. Segunda Parte. Capítulo11). Es necesario
recordar que la
Ley de Memoria Democrática, la que ahora se
pretende sacar adelante en Aragón, ya fue aprobada por el Parlamento andaluz en
marzo de este año.
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