José
María Serrano Sanz, catedrático de Economía de la
Universidad de Zaragoza, en su artículo de hoy en Heraldo de Aragón dice verdades tan evidentes que no necesitan demostración.
Al referirse a la creencia de algunos ciudadanos de que sin Gobierno se vive
mejor, entiende, como así deducen los españoles responsables, que “la inversión, que es el
fermento de la economía, se basa en la confianza en el futuro. Confianza
que se irá perdiendo a medida que el futuro se haga imprevisible, como sucede
en las situaciones de prolongado desgobierno. Y sin inversión, no hay
crecimiento”. Y pone como ejemplo el desaconsejable modelo italiano. Un país
sin Gobierno es un país sin Presupuestos y, por tanto, en estos momentos se desconoce cuánto y en qué se va a
invertir. La parálisis política deja en el aire, por poner un ejemplo, la
revalorización de 9’7 millones de pensiones. Una promesa de Sánchez que está en el aire por el
fracaso en la aprobación de esos Presupuestos, la disolución de las Cortes y la
última frustración en el desbloqueo de los Pactos
de Toledo, donde en febrero pasado Unidos Podemos se ausentó de la mesa que
presidía la incompetente e impresentable Celia
Villalobos, como el jugador que se levanta en medio de una partida de póquer,
al rechazar el cómputo de toda la vida laboral y exigir volver a los 65 años
como edad de jubilación. Sólo hubo acuerdo en una de las 22 recomendaciones: la
segunda, que vinculaba el incremento de las pensiones al IPC por ley. Claro,
con esos débiles mimbres se cae el sombrajo al suelo de inmediato. Los
pensionistas son en su mayoría ancianos, pero no son tontos, y tienen memoria, y no se fían de Sánchez. Recuerdan
cuando siendo un simple y desconocido diputado votó la congelación de las
pensiones, con Rodríguez Zapatero de
presidente del Gobierno. ¿Qué se puede esperar de un país donde el banco de
banqueros no fue capaz en tiempos de Mafo de controlar a las cajas de
ahorros, casi todas ellas manejadas por políticos a la violeta? ¿Qué
puede esperar el ciudadano de un Banco de España que sólo declara puerilidades,
tales como que “los españoles no ahorran”? ¿Qué se puede esperar del ICO,
incapaz de conseguir que la banca privada devuelva el dinero prestado para su
rescate? ¿Qué se puede esperar de un Tribunal Supremo que paraliza una sentencia
inaudita, dando marcha atrás y obligando
al cliente a pagar un impuesto de actos
jurídicos documentados de hipotecas cuando
pocos días antes había señalado que el pago de ese impuesto correspondía a los
bancos? Aquí se produjo la retroactividad de una nueva doctrina que tres semanas
antes imponía a la banca el pago de ese gravamen de los últimos cuatro años. De
inmediato sonó la alarma en el Ministerio de Hacienda cuando su titular, María Jesús Montero (médico, trianera de
origen comunista y con valores cristianos marcados por el cura Manolo) se dio cuenta de que esa medida equivalía a 5.000
millones de euros que las comunidades autónomas estarían obligadas a tener que
devolver. Y como el favor con favor se paga, y los magistrados del Supremo
ocupan su poltrona merced al favor de los políticos, hubo que desdecirse. Como expresaba
aquel hombre pensativo en una viñeta de La
Codorniz: “Yo, por no creer, ya no creo ni en los que creen en mí”.
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