Todos los españoles de bien lamentamos la muerte de Ana
Huete Aguilar como consecuencia del terremoto ocurrido en el centro de Italia. Ha sido
un caso de mala suerte que esa señorita estuviese de vacaciones en el pueblo de
su pareja. Pero de ahí a pretender que el Ministerio de Asuntos Exteriores se
haga cargo de los gastos derivados de su traslado a España hay un trecho. La página web
del Ministerio señala que “para que el Gobierno se haga cargo de ese coste, la
muerte debe considerarse como producida en situaciones excepcionales”. Y ese no
es el caso. El Estado no puede hacerse cargo de todos los fallecidos fuera de
nuestro territorio, bien sea, por
ejemplo, en accidentes laborales, en eventos de circulación, haciendo escalada
en los Alpes, o por ahogamiento en las costas de Normandía. Cosa distinta es
que los consulados se puedan hacer cargo, llegado el caso, de agilizar los
trámites administrativos para el traslado de restos. Existe, no obstante, otra
fórmula más práctica: la incineración del cadáver en Italia y el traslado de
sus cenizas en una urna de cremación. Es lo que hay; y la familia de Ana Huete
no debe estar molesta si la normativa oficial no de adapta a sus deseos.
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