El párroco de Nuestra
Señora de los Ángeles, en Madrid, Santiago
Martín, sostiene que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “tiene una parte de la culpa de los sucesos en
Barcelona” por no situar bolardos en la entrada de las Ramblas. A mi entender,
está cometiendo un delito de injurias injustificable. No se deben hacer tales
afirmaciones, menos aún en su homilía del pasado domingo, con la intención de
crear un falso estado de opinión entre los feligreses de esa parroquia. De la
misma manera, señaló que “están muy bien los agnósticos minutos de silencio y
rezar, pero hay que hacer algo más. ¿Por ejemplo? Es cierto que el Gobierno,
tras los sucesos de Niza, mandó cartas a los ayuntamientos pidiendo que se
pusieran bolardos en las principales arterias de las ciudades. Pero también es
cierto que un alcalde, en este caso la
alcaldesa de Barcelona, puede obrar con otro criterio, sabedora de que poner
bolardos interrumpiendo la circulación también impediría una rápida actuación
de ambulancias y bomberos. Ese párroco, por aquello de ir por atún y ver al
duque, aprovechó la homilía para señalar que “cosa parecida podría suceder en
la madrileña Puerta del Sol, al estar abarrotada de gente”. Que casualidad que Santiago
Martín sólo haga referencia a Madrid y Barcelona, con ayuntamientos gobernados
por la izquierda. “Si yo fuera abogado de las víctimas –dijo el párroco en su
desacertada perorata- estaría planteando una denuncia contra el Ayuntamiento de
Barcelona por cooperación”. Santiago Martín, como cualquier ciudadano, puede
presentar las denuncias que estime convenientes en el juzgado de guardia más
próximo. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué teme? Los “agnósticos minutos de silencio”
–como el los llama—sirven para que durante sesenta minutos algunos irresponsables
dejen de decir tonterías, como las que dice Santiago Martín desde el altar
mayor de su parroquia. Para algunos curas, el “introibo ad altare dei” sólo sirve para intentar apagar un
incendio con gasolina. A Santiago Martín se le ha olvidado citar en su homilía
para asustar a sietemesinos que Santiago de Compostela, La Coruña, Ferrol, Zaragoza y
Cádiz, son todos ellos ayuntamientos democráticos gobernados por movimientos
sociales asociados a Podemos. El ecónomo Santiago Martín me recuerda al rancio José Guerra Campos, obispo de Cuenca
desde 1973 y uno de los 59 procuradores que el 18 de noviembre de 1976 en las Cortes
Españolas votaron en contra de la Ley para la Reforma Política
que derogaba los Principios Fundamentales
del Movimiento. Un obispo, digo, que siendo auxiliar de Madrid-Alcalá
participó en las sesiones del Concilio
Vaticano II, con intervención especial sobre el ateismo marxista en la
constitución pastoral Gaudium et spes.
A Santiago Martín le recomendaría que buscase en las hemerotecas un artículo de
Santiago Carrillo titulado “O la libertad o el búnker”. Pero no voy
a seguir escribiendo de ese párroco madrileño que confunde el culo con las
témporas. No trae cuenta.
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