Si ayer hacía referencia al posado real en Marivent y la
“pesadilla” que para la consorte del Rey -según sostiene Peñafiel- suponen
tanto Marivent como Mallorca, hoy hago referencia al cuñado, Iñaki Urdangarín, que teme a que el
Tribunal Supremo le aumente la pena por el caso
Nóos dictada en su día por la
Audiencia de Palma. Y el cuñado del Rey argumenta que fue “un
amigable componedor, un mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo”.
Hombre, ¡ahora sí que lo ha adornado! Es, verbigracia, como si un quinqui, una
vez detenido y llevado ante el juez por hurtar géneros en una tienda, señala
que actuó de esa guisa por desconocimiento del Derecho Penal. Urdangarín, a mi
entender, sí sabe algo de Derecho cuando afirma que “la obsoleta figura de la
'obediencia debida' ha desaparecido del Código Penal hace años”, y que
también sabe algo de Derecho Administrativo, cuando afirma que “el tribunal
–refiriéndose a la Audiencia
de Palma- llevó a cabo interpretaciones de la norma del IRPF de manera
extensiva y parcial, siempre en contra de la aplicación favorable del conjunto
de dicha norma, vulnerando el principio "in dubio pro reo". La Audiencia de Palma
condenó a Urdangarín el pasado 17 de febrero a seis años y tres meses de
prisión por prevaricación, fraude a la Administración,
tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
No me cabe la menor duda de que el “cerebro” de esa trama fue Diego Torres, condenado por idénticos
delitos probados que Urdangarín, con el añadido en su caso de blanqueo de
capitales. Pero a nadie se le escapa que Torres no hubiese podido penetrar en
los dominios del entonces “todopoderoso” Jaume
Matas sin el apoyo de su socio, colaborador necesario, que tenía la llave
maestra dada su condición de consorte de la infanta Cristina. Según precisaba Diego Torres en su petición de
exculpación al Tribunal Supremo, “por parte de la Familia Real no sólo
estaban implicados Iñaki Urdangarín, su esposa la infanta Cristina y Carlos
García Revenga, ex secretario de las infantas, como miembros de la Junta Directiva
del Instituto Nóos, sino que también
estaban informados de la marcha del mismo el propio Rey Juan Carlos, hoy emérito, así como su abogado José
Manuel Romero, conde de Fontao,
y el jefe de la Casa Real”.
En un Estado de derecho no se le pide al reo que tenga que probar su inocencia,
sino que corresponde al fiscal probar la culpa del encausado. Y en caso de
dudas razonables, fallo absolutorio. Sólo queda esperar, para salir de dudas.
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