miércoles, 24 de mayo de 2023

De película

 


Recuerdo cuando no había pueblo sin cine. Cada domingo miraba la cartelera, no ya por ver qué película proyectaban aquella tarde sino por comprobar si la película era tolerada. Sucedía que la mayoría de ellas eran autorizadas para mayores de 16 años. Aquellas tardes de domingo en las que teníamos prohibido entrar en las salas de proyección, los chavales nos quedábamos “castigados” por culpa de la censura. La mayoría de las películas censuradas eran extranjeras. Las películas españoles, las famosas “españoladas”, no necesitaban el repaso de la tijera. Eran lacrimógenas y puritanas. Pero se dieron casos paradójicos. Por ejemplo, en “Mogambo” (John Ford, 1953), la censura española trató de evitar que se proyectase un caso considerado de adulterio. Y para “arreglarlo” no se les ocurrió otra cosa que, valiéndose del doblaje, convertir a la pareja adúltera en hermanos. Pero los achuchones que se daban Grace Kelly y Donald Sinden siendo hermanos  provocaron algo peor que el adulterio, el incesto. Fue necesario, en consecuencia, tener que suprimir una escena de alcoba en la que solo había un catre. Con Sánchez Bella, supernumerario del Opus Dei, se puso fin a la tímida relajación de la censura de Fraga, su antecesor, coincidiendo en el cargo con la primera vez que se proyectaba un biquini en una película española: “Bahía de Palma”. Por entonces se pusieron de moda los viajes en autobús a Perpiñán para poder ver aquellas películas prohibidas en España, como “El último tango en París”, “Emmanuelle” o “Garganta profunda”. Tuvo que morirse Franco para que los españoles pudiesen ver el primer “destape”, con María José Cantudo en “La trastienda” (1976), de Jorge Grau. Pero tres años más tarde, en 1979, ya con la censura abolida, una película de Pilar Miró, “El crimen de Cuenca”, molestó a la Guardia Civil por la imagen que se daba del Cuerpo, y altos mandos presionaron al entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, para que se retirase ese film de las salas de proyección. Pilar Miró tuvo suerte por un cambio en la legislación. De no haber sido así, tal vez hubiese terminado con sus huesos en la cárcel. La gente del búnker nunca perdonó a Pilar Miró y la persiguió con saña mientras ocupó el cargo de directora general de Televisión Española, la única directora del Ente Público que estaba en posesión de dos “goyas”. Aquellos ataques sin tregua de Alianza Popular provocaron su dimisión tras devolver los 24.000 euros que se había gastado en trajes de protocolo confeccionados por Jesús el Pozo.  Luis Ramallo, de Alianza Popular, presentó en los juzgados de Madrid una denuncia por un delito de malversación de fondos público. El político extremeño, que 10 años después se vio salpicado por el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con una "obligación" que le imponía su "dignidad como español y como político". El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento de Miró y la sentó en el banquillo de los acusados al encontrar indicios de que había cometido un delito de malversación de fondos públicos, y  la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió 14 años de prisión. ¡Sus compañeros, qué vergüenza!  El presidente de la mutualidad de trabajadores de RTVE también reclamó una condena de 12 años de cárcel. La Audiencia la absolvió en 1993. Pilar Miró falleció en 1997 de un ataque al corazón.

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