Afán recaudatorio

 

La margen izquierda de Zaragoza está que trina con el anteproyecto municipal para la puesta en marcha de la ampliación de zonas azules y naranjas de aparcamientos. La presidenta de la Asociación Picarral-Salvador Allende entiende que “se pretende hacer un uso privativo al dominio público sin que esté fundamentado el interés ciudadano”. La actual alcaldesa, Natalia  Chueca, tiene que sacar dinero de debajo de las piedras para hacer frente al enorme coste de la nueva Romareda. Ya subió las tasas de agua y basuras y ahora pretende cobrar por aparcar en zonas donde habitan ciudadanos con bajo nivel adquisitivo, casas baratas acogidas a los beneficios de la Ley del 15 de julio de 1954 y escasos garajes, y que pagan el correspondiente Impuesto de Circulación. Me estoy refiriendo a la gris década de los 50 y a unas viviendas de 25.000 pesetas de precio unitario y sobre una superficie de 42 metros cuadrados, cuya renta de amortización oscilaba por aquellos años entre las 40 y 50 pesetas mensuales”. Eran los llamados ‘poblados de absorción’ construidos en las periferias pero que en la actualidad se han quedado dentro de las ciudades. Por ejemplo, el grupo ‘Vizconde de Escoriaza’ y el grupo ‘Girón’, en el barrio de Las Fuentes; el grupo ‘Francisco Franco’, en el Picarral; el grupo ‘Fray Julián Garcés’; el grupo ‘Balsas de Ebro Viejo’; el grupo ‘Alférez Rojas’: el grupo ‘Ortiz de Zárate’…, etcétera, todos ellos sin calefacción ni ascensor, pero que hoy los quisieran jóvenes que con 40 años se ven obligados a vivir en casa de sus padres por la especulación galopante del ladrillo y la falta de los necesarios recursos para poderse emancipar, o pagar una cantidad escandalosa por el alquiler de un cuartucho de mala muerte en Madrid o Barcelona, o dormir en una furgoneta, en el caso de Ibiza. No es que con Franco viviésemos mejor, es que ahora se es pobre incluso trabajando más horas de las legales, y ningún ayuntamiento promueve viviendas sociales porque no les sale rentable políticamente. Es una inversión de cientos de millones de euros, que debe ser coordinada entre diferentes administraciones y cuyos frutos no se recogerían hasta pasados varios años, cuando ellos ya no estuviesen gobernando. O dicho de otra manera, hacer vivienda pública es una política que tiene efectos en 20 años y las elecciones son solo cada 4 años. Y aquí de lo que se trata es de poder cortar cintas y seguir viviendo del cuento.