En referencia a la manifestación convocada para hoy
por la igualdad entre mujeres y hombres en todas las capitales de
provincia, es necesario recordar que el
Partido Popular ya había anunciado que no iba a asistir a tales actos reivindicativos.
Nada que objetar. Cada ciudadano es libre de poder unirse, o no, a aquellos
actos que estime oportuno. En este sentido,
Javier Pérez Royo, en eldiario.es señala que “la trayectoria
del PP ha sido contraria al principio de igualdad. Y lo sigue siendo”. Y añade
que “por eso se encuentra tan cómodo con Vox y está haciendo todo lo posible y
lo imposible por blanquearlo”. (…) “Las convocantes de la
manifestación -sigue diciendo Pérez Royo- no pueden haberse olvidado de que AP
se opuso a la primera ley de interrupción del embarazo, la ley de supuestos de
1985 y que interpuso un recurso previo de inconstitucionalidad contra la misma.
Tampoco pueden haberse olvidado de que se opusieron a la segunda ley, la ley de
plazos de 2010, y que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra
ella, que todavía no han retirado. Tampoco pueden haberse olvidado de que se
opusieron a la ley que reconocía el derecho al matrimonio a personas del mismo
sexo y que también interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra la
misma. Tampoco pueden haberse olvidado de las manifestaciones que, de la mano
de la jerarquía eclesiástica, hicieron contra todas estas leyes”. A mi
entender, la jerarquía eclesiástica debería dejar de hacer labor de zapa y
dejar de entrometerse en asuntos que conciernen a los ciudadanos que conforman
un Estado aconfesional. Si desean hacer política, que sus miembros con capelo
cardenalicio se presenten a diputados. La Iglesia española, que se benefició
hasta la grosería de los acuerdos Iglesia-Estado firmados el 3 de enero de
1979, ya tuvieron un mal precedente. Me refiero a los cinco acuerdos firmados
en Roma el 28 de julio de 1976 (el primero), y el 3 de enero de 1979 (los otros
cuatro), entre Marcelino Oreja y el
cardenal Villot, por los que se
adjudicaba al Jefe del Estado el
nombramiento del vicario general castrense con la graduación de general de
división. Por el primero de aquellos acuerdos fue por el que se concedía tal
prerrogativa al rey, algo que a todas luces parece ridículo, ineficaz y más
propio de los tiempos del Marqués de
Carabás en el cuento de “El gato con
botas”. En una Democracia
Parlamentaria, determinadas cuestiones de Estado (ni la figura
ni la función de vicario general castrense interesan a los españoles) deberían
solventarse con más eficacia y menos esplendores de fuegos fatuos palatinos.
Seamos claros: un general de división que no tiene mando sobre tropa es como un
submarino en el lago del parque de El Retiro. Carlos
Hernández, en el mismo diario digital, entiende que “pasear autobuses por
España con el rostro de Hitler
resulta insultante para las mujeres y hasta para las víctimas del Holocausto,
pero no pasa de ser una ocurrencia tan repugnante como ineficaz. El peligro
radica en que la involución se venda, como ya se está intentando vender, como
liberación. El objetivo de quienes se niegan a perder sus privilegios pasa por
darle la vuelta a la tortilla y hacer pasar al feminismo por totalitario y a
esa cosa que algunas llaman ‘feminismo
liberal’ por liberador”. No se pueden poner diques de contención al océano,
como algunos involucionistas trasnochados pretenden.
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