La nariz de Cleopatra (II)

Ayer comentaba que Manuel Romerales salvó la vida a Manuel Azaña en 1932 al descubrir un  complot contra su persona y ponerlo en conocimiento de Hernández Saravia, entonces jefe del gabinete militar de quien entonces ostentaba el doble cargo de presidente del Consejo de Ministros y de ministro de la Guerra. Pero Azaña tuvo otro intento de atentado en 1935. Una tarde, el viejo legionario Carmelo Ruano visitó la Dirección General de Seguridad.  Quería hablar sin pérdida de tiempo con alguno de los responsables de la Policía para darle a conocer una información que podría cambiar el rumbo de España. El entonces oficial de servicio de la Guardia de Asalto, Ramón Gargueno, le tomó declaración en la Oficina de Información y Enlace, situada en el segundo piso de la vieja Casa de Correos, posteriormente convertida en Ministerio de la Gobernación, en el centro de la Puerta del Sol; esa plaza semicircular que Fernández de los Ríos denominó como “media tapa de barril de aceitunas”. Pues bien, Ruano dijo tener información sobre un atentado que iba a producirse en Alcázar de San Juan contra Azaña, y que también se habían previsto sendos atentados contra Largo Caballero y contra Martínez Barrios. Aquella denuncia de Ruano llegó hasta los oídos del jefe de la oficina de la DGS, Vicente Santiago, pero nada se hizo por abrir las correspondientes diligencias hasta mayo de 1936, siendo ya Azaña presidente de la República. El diario ABC informó entonces sobre que Aparicio,  nuevo comisario general de Policía de Madrid, había decidido tomado cartas en el asunto. Ese mismo diario señaló como responsable del posible atentado a Mauricio Carlavilla del Barrio (1896-1982), también conocido como Mauricio Karl,  inspector de Policía que en 1935 habría adquirido en Barcelona dos rifles y dos pistolas para acometer la supuesta intentona. Pero Ruano, en su declaración, había señalado los nombres, además del de Carlavilla, de Manuel Díaz Criado y de Eduardo Pardo Reina (abogado y capitán del Ejército, respectivamente) como supuestos colaboradores necesarios. Constaba que Carlavilla era un experto en investigación criminal que, durante la dictadura de Primo de Rivera, se dedicó a investigar robos de joyas al frente de la sección volante de la Unidad de Ferrocarriles de la Policía, y que evitó atentados de anarquistas contra el dictador, Alfonso XIII y su consorte, llegando a ser jefe de la escolta de Largo Caballero.